Minga Informativa de Movimientos Sociales
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Campaña internacional de solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas

A detener el proceso de privatización del sector eléctrico mexicano

En defensa del empleo y los derechos laborales de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro

Casi a la medianoche del pasado 10 de octubre el gobierno mexicano encabezado por Felipe Calderón perpetró uno de los más brutales e inusitados atentados contra la empresa pública nacional y los derechos de los trabajadores. En un despliegue de fuerza desproporcionado miles de policías federales tomaron las más de cien instalaciones de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), expulsando a los trabajadores ahí presentes y haciéndose cargo de las operaciones de suministro de energía eléctrica a la capital del país y algunos estados circunvecinos.

Minutos después de lo anterior el régimen hizo público, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación y comunicados a los medios de comunicación, que el fondo de la medida era el decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, a lo que seguiría su posterior liquidación. Con ello no solamente se pretende desaparecer a una de las pocas empresas que se mantienen bajo la propiedad estatal, sino que se anuncia también la intención de dejar sin empleo a más de 40 mil trabajadoras y trabajadores, desaparecer su sindicato que agrupa también a más de 15 mil jubiladas y jubilados y eliminar el Contrato Colectivo de Trabajo de la Empresa.

Los hechos señalados, mediante los cuales se ha atropellado flagrantemente y en distintos aspectos la legalidad vigente en el país, tienen un trasfondo de intención claro. Desde hace varios años y en congruencia con las políticas neoliberales que aplica diligentemente, el régimen mexicano ha planteado su intención de privatizar el sector eléctrico que, junto con Petróleos Mexicanos, constituyen las dos grandes áreas que siguen siendo propiedad de la nación, pese a la ola despiadada de privatizaciones echada a andar desde 1982.

La otra desembozada intención del régimen de derecha en el poder es la de asestar un golpe definitivo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), titular de las relaciones de trabajo en LyFC. Se trata de una de las organizaciones gremiales con mayor antigüedad en el país, caracterizada por su independencia en relación al régimen y por poseer una de las mejores contrataciones colectivas a nivel nacional, pero sobre todo por haber encabezado consecuente y combativamente por más de diez años la oposición a políticas neoliberales como las privatizaciones y la intención de aplicar una reforma laboral lesiva a los derechos de la clase trabajadora.

Por todo lo anterior es obvio que la pretendida liquidación de LyFC no es otra cosa que la antesala descarada de la privatización del sector eléctrico, así como la vía para golpear y tratar de eliminar a uno de los más importantes referentes del sindicalismo democrático mexicano, es decir, a una de las organizaciones que encarnan la alternativa viva y actuante ante el gremialismo corporativo y oficialista tradicional. No en balde el SME, y el Frente Sindical Mexicano al cual encabeza, han sido una de las más notorias vertientes críticas de la política laboral oficial, caracterizada por violación sistemática a la libertad sindical y por una impartición de justicia laboral abiertamente cómplice de los patrones y lesiva hacia las y los trabajadores.

Cabe señalar que la agresión referida había tenido, en las semanas recientes, un antecedente que hoy aparece revelador. Después de un proceso electoral para renovar la Secretaría General y la mitad del Comité Central del SME –proceso llevado a cabo con los métodos democráticos que caracterizan a la organización, con voto universal, directo y secreto, además de recuento público y abierto de los sufragios– las autoridades laborales negaron al Sindicato el registro de la nueva dirección e ilegalmente pretendieron dejarlo descabezado.

En resumen, estamos ante una más de las torpes e ilegales acciones con las que se pretende hacer avanzar el proyecto de la derecha en México; de una derecha que entre otras pretensiones tiene la de hacer aprobar en estos días un paquete fiscal que establecerá nuevos impuestos que golpearán sobre todo a los más necesitados del país; de una derecha que llegó al poder por la vía del fraude electoral y se mantiene en él mediante recursos como la constante conculcación de libertades democráticas y la creciente militarización de zonas cada vez más amplias del país, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Por las razones expuestas, compañeras y compañeros, queda claro que permitir hoy la extinción de LyFC, así como la consecuente desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas y su contrato colectivo, representarían un golpe sin precedentes contra la clase trabajadora mexicana y un drástico retroceso para las libertades democráticas en el país. Resulta por demás decir a ustedes que para impedir lo anterior, hoy la solidaridad internacional está llamada a cumplir un papel tan importante como urgente.